Print Friendly, PDF & Email

COMUNICADO DE PRENSA

  1. Lamentamos el daño cometido a la población por parte de un grupo de sindicalistas, que en tres días de paralización de labores, han dejado de prestar más de 30 mil servicios de salud, entre consultas, cirugías y exámenes de laboratorios, procedimientos odontológicos y otros.
  2. La suspensión de labores ocurre a pesar de que el Gobierno Central y su Ministerio de Salud proyecta aplicar un incremento salarial progresivo a las y los trabajadores que ganan un salario inferior a los $1,500 que son cerca del 80% del personal del MINSAL.
  3. La suspensión de los servicios violenta el Derecho Humano a la Salud, y somete a graves riesgos la salud de pacientes de todas las edades, especialmente a la niñez, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, quienes no han podido recibir sus medicamentos.
  4. La Constitución de la República prohíbe expresamente la huelga de los trabajadores públicos en su artículo 221, siendo su misión fundamental garantizar el ejercicio del Derecho a la Salud de acuerdo a los artículos 65 y 66 de la misma Constitución.
  5. Por tanto, diferentes juzgados de lo laboral ya han declarado ilegales las huelgas en los hospitales: Bloom, San Bartolo, Zacamil, Nueva Guadalupe, Sensuntepeque, La Unión, Jiquilisco, Usulután, Ciudad Barrios y Sonsonate.
  6. La Ley obliga a los empleados a reincorporarse a su trabajo en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la notificación de ilegalidad y señala a las autoridades la aplicación de las sanciones correspondientes.

Llamamos a los trabajadores a no dejarse engañar por algunos dirigentes sindicales y no continuar obstruyendo la atención normal en los servicios de salud y atender a la población como se lo merece.

Asimismo reitera su reconocimiento a la inmensa mayoría de trabajadores que siguen atendiendo a la población respetando el derecho a la salud de la población.

Invitamos a los trabajadores a acompañar la ruta de diálogo y buscar otros mecanismos que no afecten a la ciudadanía.

Reiteramos que las autoridades están en toda la disposición de escuchar y atender sus demandas en la medida de las posibilidades presupuestarias del gobierno.

San Salvador, 17 de octubre de 2016.