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Ginebra, 30 de junio de 2015. El Salvador junto a Brasil y Guyana participan, este día, de la 36° Reunión de la Junta Coordinadora de ONUSIDA (Programme Coordinating Board = PCB), espacio de decisiones mundiales donde la representación salvadoreña pidió de manera enfática no abandonar a América Latina en el camino hacia el cumplimiento de las metas 90-90-90.

“Llamo al pleno para que vuelvan sus ojos a América Latina y al Caribe, que con muchos esfuerzos están dando una buena respuesta al VIH. Nuestros gobiernos hacen lo mejor en la medida de sus posibilidades de brindar atención integral a las personas con VIH”, expresó la Jefatura del Programa de ITS/VIH- Sida, del Ministerio de Salud de El Salvador, Dra. Ana Isabel Nieto, durante su participación en la reunión.

Tanto Brasil, El Salvador como Guyana participan como miembros del pleno, en representación de América Latina con derecho a voto. Siendo a escala mundial solo 22 países los que tienen voz y voto en la Asamblea.

La representante de El Salvador detalló algunos de los logros obtenidos en la región: Estrategia de sangre segura en los hospitales, grandes avances en la prevención de la transmisión madre a hijo del VIH, Cuba ha sido declarado como el país que ha logrado la eliminación de la transmisión vertical y en ésta meta muchos países están en camino de su cumplimiento.

“Queremos que estos logros se mantengan y que ONUSIDA y otros socios en nuestros trabajo no nos abandonen ni reduzcan su apoyo”, externó Nieto, quien además adelantó que como región están trabajando las metas para sumarse a la respuesta acelerada al VIH para 2020 y el 2030.

Las naciones latinoamericanas y del Caribe consideran que las acciones serán efectivas si se suman esfuerzos y se armonizan los trabajos entre los gobiernos, sociedad civil y los socios que se tienen en la región.

Durante el discurso, la representante salvadoreña manifestó que en la región la epidemia es concentrada, por lo que una de sus metas es abordar el tema de la discriminación y el estigma hacia las poblaciones claves: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, mujeres transgénero, personas privadas de libertad, jóvenes y personas migrantes.

Otro de los temas claves a desarrollar en la región es sensibilizar en la percepción de riesgo en la población joven a través de la educación sexual en las escuelas.

En ese sentido, la representante salvadoreña instó a retomar la Declaración Ministerial Prevenir con Educación (México 2008), en la que los ministros de salud y educación se comprometieron a realizar acciones conjuntas para formalizar la educación sexual como una acción estratégica para llevar información clara y precisa para la contención de la epidemia de VIH.

La representante de El Salvador externó sentirse esperanzada por el discurso de Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, quien retomó entre sus palabras la importancia de trabajar por las y los adolescentes y las mujeres.

“Esto nos motiva a seguir moviendo las agendas para luchar por los derechos de las mujeres para una salud integral. Vemos con preocupación su vulnerabilidad ante la violencia social que nos afecta en Centroamérica, principalmente en los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras”, expresó Nieto.

Y es que la situación de violencia ha ocasionado un incremento en la migración de grandes grupos de población entre ellas niñas, adolescentes y mujeres, quienes en su ruta de migración están expuestas a múltiples afectaciones a su integridad incluyendo violencia sexual y exposición al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, además de embarazos.

Otra de las situaciones que enfrentan las naciones de Latino América y el Caribe es la violencia hacia las mujeres transgénero, que muchas veces termina en crímenes de odio. Específicamente en El Salvador se lamenta los recientes asesinatos de mujeres trans activistas por los derechos del sector.

Es así que a consecuencia de la violencia y discriminación, muchas personas migran en búsqueda de su seguridad y es por ello que se trabaja junto con la OIM y ACNUR para determinar medidas que permitan que la población no migre.

 

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